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La Fundación IEPALA presenta a la CIDH Apoyo a la petición P-417-14 y medidas cautelares MC-99-14

Caso Curuguaty, en Paraguay, e insta a todas las organizaciones de DDHH nacionales e internacionales a sumar su apoyo a la petición y al pedido.

Estimados todos/as,


Desde IEPALA les solicitamos se solidaricen con esta causa. Por favor envíen a la CorteIDH sus correos de apoyo a la petición de referencia.


Cinco campesinos injustamente presos luego de la masacre de Curuguaty (junio/12), se encuentran en huelga de hambre hace 50 días. El proceso llevado adelante por la Fiscalía está plagado de violaciones al debido proceso, no existe una sola prueba que justifique la prisión preventiva de estos campesinos así como el caso de los otros.as 5 entre ellos 3 mujeres en prisión domiciliaria, una de ellas una menor. Ante tanta injusticia, estos compañeros han tomado esta medida de fuerza clamando libertad y justicia en nombre de todos los paraguayos/as que sabemos que la masacre de Curuguaty fue un montaje orquestado por los sectores mas conservadores y reaccionarios del país, en alianza con las peores multinacionales vinculadas al modelo productor que genera muerte y exclusión en nuestro país como en muchos otros a nivel mundial.


Desde ya muchas gracias y saludos cordiales desde Asunción, Paraguay.


Tania Godoy


CIDH admite solicitud de suspensión de juicio por Caso Masacre Curuguaty


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la solicitud de medida cautelar que solicita la suspensión del juicio por el caso Curuguaty, hasta tanto se determine a quién pertenece las tierras de Marina Cué. Se espera que tanto organizaciones nacionales como internacionales secunden la petición.


El abogado español de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, Dr. Aitor Martínez Jiménez, señaló que la CIDH admitió este lunes el trámite que contempla entre otras peticiones la suspensión del juicio previsto para el próximo 26 de junio.

La medida cautelar es por la “la suspensión del juicio hasta que se determine la propiedad de las tierras” indicó a Radio Ñanduti, ya que en caso de que los acusados sean encontrados culpables del delito de invasión de inmueble ajeno por el que están acusados y posteriormente se determina que las tierras son públicas, podría causarles un “daño irreparable” a los hoy detenidos.

“Entonces la CIDH tiene que resolver en estos días como mucho en esta semana, sobre si insta al Estado Paraguayo a suspender el juicio hasta tanto se determine la propiedad” señaló Martínez Jiménez.

Explicó además que están en juego los derechos de la vida y la libertad de los procesados, con el agravante de que algunos de ellos llevan adelante una prolongada huelga de hambre, por lo que se torna urgente el estudio de la petición para el organismo internacional.

“Lo que esperamos es que se presenten masivamente todas las organizaciones internacionales como nacionales que siguen el tema” para que juntos puedan abogar ante la CIDH por una pronunciación en breve sobre la medida cautelar.

El otro pedido adjuntado en la nota ante la corte, es una denuncia contra el Estado Paraguayo, por la violación de dos derechos, “a las garantías procesales, por las sistemáticas violaciones al proceso cometidos por el fiscal Jalil Rachid; y por otro lado el derecho a la protección judicial, porque se han presentados recurrentes denuncias en torno a posibles denuncias de posibles desapariciones forzadas, torturas”.

En el escrito presentado se cita jurisprudencia sobre resoluciones de la CIDH.

Según adelantó Jiménez, de dictaminarse una cautelar, los detenidos hoy en huelga levantarían la medida.

Aclaró que la posible resolución de la Comisión no implica que los campesinos presos recuperen su libertad antes del 15 de junio, fecha en que si deberían ser liberados al cumplir dos años de reclusión sin ir a juicio.

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http://ea.com.py/si-mueren-mueren/

El título de este escrito son las palabras que un medio local atribuyó a la jueza Ana María Llanes con relación al estado crítico de los huelguistas de hambre del caso Curuguaty[1], cinco campesinos presos bajo la acusación de haber cometido los hechos punibles de intento de homicidio doloso, invasión de inmueble y asociación criminal. Están privados de libertad desde hace un año y nueve meses, esperando un juicio en el que no confían debido a lo arbitrario de las acusaciones, a la falta de investigación real de la masacre de Marina Kue (15 de junio de 2012) y al cúmulo de supuestas pruebas de carácter antojadizo, todo esto a cargo del fiscal Jalil Rachid, quien lleva el caso aun cuando hay importantes vínculos entre él y la familia dueña de la empresa latifundista Campos Morombi, que ocupa las tierras estatales de Marina Kue. Al publicar estas líneas, transcurre el día número 49 de la huelga de hambre, iniciada el 14 de febrero. El juicio fue fijado para el 26 de junio. Sólo el levantamiento de la huelga haría que los cinco campesinos lleguen vivos a lo que se supone debería ser una oportunidad para probar su inocencia, o para que el Estado paraguayo, a través del fiscal asignado al caso, compruebe la culpabilidad de los acusados.

La jueza indicó que ella no tenía facultad legal para obligarlos a ingerir alimentos, de ahí su frase-sentencia. “Ellos se niegan a que se les aplique intravenosas, sueros y tampoco quieren consumir agua con electrolitos para evitar una descompensación. Nosotros como juzgado no tenemos ninguna facultad legal para obligarles a que consuman alimentos, más aún porque firmaron acta donde especifican que no quieren recibir ningún tipo de asistencia. (…) No levantarán la medida hasta que consigan prisión domiciliaria o sean liberados pero recién en junio tienen una audiencia, así que no se puede hacer nada”[2]. Dijo esto cuando concurrió a verificar el estado de uno de los huelguistas que había sido internado. Los cinco campesinos expresaron negarse a recibir alimentación o tratamientos médicos que pudieran interrumpir su medida en caso de que sufrieran desmayos o descompensaciones, a través de una carta escrita a mano. Pero el tema no es obligarlos a comer, sino negociar con ellos alguna salida que no sea la muerte debida a una medida extrema de protesta frente a una situación que consideran tan gravemente injusta como para ofrecer la propia vida, aunque sea de testimonio. Esa salida sería un cambio de la prisión preventiva que ahora soportan como medida cautelar a un arresto domiciliario en tanto esperan se celebre el juicio oral. No es lo que piden los huelguistas, que han demandado libertad y una definición acerca de la titularidad de las tierras por las que se les acusa de invasión de inmueble ajeno. Arresto domiciliario no es igual a libertad, pero podría ser al menos una señal de buena voluntad por parte del sistema judicial, que habilitaría una rendija de esperanza para que sigan con vida.

Quizás no sea potestad de la jueza Llanes levantar la prisión preventiva dictada por la otra jueza, Janine Ríos, quien determinó la injusta medida en una audiencia preliminar realizada en octubre de 2013. Pero no puede ser que la gente de derecho simplemente proponga que el Paraguay entero se resigne ante cinco posibles muertes anunciadas y precedidas de tanta injusticia. Aquí hay un tribunal responsable del juzgamiento del caso, que debería tomar acciones sin que necesite de mayor burocracia o presión ciudadana, ante la certeza de que con los acusados muertos ni habrá juicio ni menos aún habrá justicia. Hay una Corte Suprema de Justicia, que debería apurar su dictamen sobre las tierras en disputa, pues el anunciado juicio y la misma prisión de los campesinos –y hasta la propia masacre, que ocurrió luego de una orden de desalojo– se realiza sobre el supuesto de la propiedad privada de las tierras, una falsedad demostrada de múltiples maneras a través de investigaciones independientes, documentos y asumida hasta por agentes estatales en numerosas ocasiones. Pero hay silencios que matan. Éste podría ser uno de ellos.

No voy a discutir sobre quiénes tienen sobre su escritorio la pelota tata[3] del caso Curuguaty y la suerte de los huelguistas de hambre. Pero de algo estoy segura: si se pudo llegar hasta este punto por violación de las normas del debido proceso, en contravención de la letra expresa de numerosas leyes y mandatos internacionales, se debe poder frenar que avance la injusticia. Es imposible que no se pueda hacer nada. Alguna instancia o algún resquicio de la ley deben quedar para impedir más tragedia sobre el campesinado pobre, y sobre el Paraguay entero. En todo caso, lo que quedaría claro ante la indiferencia de las autoridades, es que no quieren hacer nada. Sin embargo, por un resto de sentimiento humanitario, deberían recordar que no valdrán medidas posteriores o tardías. Al final, lo único de verdad inapelable es la muerte.


[1] Huelguistas de Hambre: “Si mueren, mueren”. Hoy, 27/03/2014. http://www.hoy.com.py/nacionales/huelguistas-de-hambre-si-mueren-mueren

[2] Ibíd.

[3] Pelota de fuego. Juego tradicional de las fiestas de San Juan en Paraguay.

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