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Senado de México modifica Cofipe para sancionar a partidos

El Senado tipifica como delito la violencia política de género.

La propuesta presentada en noviembre de 2012 por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lucero Saldaña, y avalada por las comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, tiene la intención de visibilizar las agresiones contra las mujeres en el ámbito político.


Los candidatos a cargos de elección, legisladores, líderes partidistas y los partidos discriminan a las mujeres al difamarlas, calumniarlas, desprestigiarlas, intimidarlas o amenazarlas, o bien, al burlarse de ellas, obligarlas a renunciar a sus cargos, o evadir las cuotas de género.


Ante estas manifestaciones de discriminación de género en la arena política, el Senado aprobó diversas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para definir el término de “Violencia política de género

.

En tribuna, Saldaña dijo que mientras no se reconozca que existe violencia política contra las mujeres y no se implementen acciones que le pongan fin, ni se garantice el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en condiciones de igualdad, no se podrá dar el paso hacia la paridad de género en cargos de elección popular.


“¿Qué significa violencia política de género? Son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias, en el ejercicio de su representación política”, explicó.


Algunos casos que podrían considerarse violencia política son las agresiones verbales cometidas por legisladores.

Un ejemplo es el del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Francisco Moreno Merino, quien al ser diputado del PRI en la pasada Legislatura dijo que “no hay mujer bonita que no llegue a ser meretriz”, frase que causó revuelo e indignación entre las legisladoras.


Sin embargo, los legisladores no son los únicos en incurrir en estas prácticas discriminatorias, por ejemplo, los medios de comunicación de Quintana Roo, según versiones periodísticas, agredieron a las diputadas federales del PRD, Graciela Saldaña Fraire, y del PAN, Alicia Ricalde Magaña.


Lo anterior luego de que ambas legisladoras quintanarroenses apoyaran a la ex presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, quien renunció a su cargo ante las múltiples críticas a su trabajo y acusaciones de desvío de recursos.


En su oportunidad, la diputada del PAN Adriana Díaz Lizama dijo que este ambicioso dictamen beneficiará a las mujeres que hoy ejercen la política y a aquéllas que en el futuro incursionen en esta área, pese a que aún hay personas que dudan que exista esta violencia.

Recordó que en días pasados expresó su apoyo a la alcaldesa del municipio de Tinum en Yucatán, Natalia Mis Mex, una joven de 22 años a quien la fuerza pública estatal le impidió la entrada a su despacho para desempeñar sus tareas, y quien es acusada de supuesto abuso de poder por locatarios de ese municipio.

En este contexto, las y los senadores aprobaron agregar un artículo 21 bis a la Ley General para establecer el concepto de “Violencia política de género” como aquellos actos que busquen imponer estereotipos de género, o limitar el ejercicio de la función política de las mujeres.


En este rubro se agregan las acciones que restrinjan a las mujeres políticas el uso de la palabra en las sesiones u otras reuniones, y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida.

Además se reforma el artículo 342 del Cofipe para establecer cómo una falta de los partidos políticos la difusión de propaganda política o electoral que calumnie a las personas, y/o que realice actos de violencia política de género.


Asimismo en el artículo 350 del Cofipe se señalará que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión violarán el Cofipe si manipulan propaganda electoral o programas de los partidos, con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o incurrir en actos de violencia política de género.


Fuente: Anayeli García Martínez Cimacnoticias

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